Finanzas públicas y Contabilidad gubernamental

Por: Dr. Ambrocio Alvarez Alvarado

Las finanzas públicas nos permiten conocer de dónde se obtienen los recursos públicos y como se distribuye el gasto público, es decir cómo será asignado a las diferentes áreas y programas del gobierno; es importante minimizar los costos y maximizar los ingresos por medio de la eficiencia y eficacia de los programas gubernamentales, entre mejor se apliquen los recursos, estos podrán alcanzar para más proyectos de naturaleza social. Comúnmente el sector público cuenta con ciertos instrumentos para captar ingresos como son los impuestos, los derechos y las contribuciones, entre otros; pero también se tienen muchos proyectos y programas de tipo social, económico y político que requieren recursos para su implementación y desarrollo, por ello es importante evaluar los diferentes programas y proyectos, para canalizar  los recursos a aquellos cuya evaluación implique el máximo rendimiento social y la mayor rentabilidad ingreso-costo-beneficio gubernamental. De igual forma para tener un adecuado control de los ingresos y gastos que genera el gobierno, es fundamental que todos los entes públicos lleven una contabilidad, en la cual registren todos los movimientos diarios que impliquen entradas y salidas de recursos, con la finalidad de proporcionar información financiera relevante, eficaz y confiable a los principales funcionarios que toman las decisiones financieras en el sector público. La contabilidad gubernamental es básicamente la actividad de registrar, analizar, clasificar, sintetizar, comunicar e interpretar la información financiera que produce el gobierno para ser evaluada por la sociedad civil; es pieza clave para la correcta administración de las finanzas públicas por parte de los administradores del gobierno; su naturaleza de registro de todos los ingresos y gastos que realiza el sector público, permite regular el superávit o déficit fiscal. Un buen administrador gubernamental siempre busca tener un superávit en su gestión administrativa. La contabilidad gubernamental debe ser homogénea para los tres poderes del país (ejecutivo, legislativo y judicial), y para los tres órdenes de gobierno. Para ello se promulgó la Ley de Coordinación Fiscal, la cual permite a través de ciertas reglas que el gobierno federal, estatal y municipal homologuen sus criterios contables para la recaudación de ingresos a través de los impuestos que les corresponde a cada uno y cedan los impuestos principales para participar en la distribución que realiza la federación. En los últimos años se ha buscado armonizar los criterios de registro contable, por medio de la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG), la cual establece los criterios de aplicación para la contabilidad gubernamental y la generación de información financiera veraz y confiable de los entes públicos, para ello la federación, ha dictado los lineamientos a seguir por los estados y municipios, de tal manera que la información financiera que generen los estados financieros públicos, sea veraz, confiable y oportuna, y permita la toma de decisiones de manera eficiente, efectiva y eficaz, con lo cual se maximicen los resultados y se minimicen los costos o gastos relativos; la información financiera que produce el sector público debe ser evaluada por las normas de auditoría establecidas al respecto, de tal forma que al ser consultada por los ciudadanos esta sea confiable.

Para que los gobiernos puedan gastar en sus programas sociales y de inversión, requieren de la captación de ingresos de diversas fuentes como los impuestos, la venta de activos ociosos, la emisión de deuda, la renta petrolera, entre otros, lo ideal es financiar sus programas con ingresos propios derivados de su captación interna, y no endeudarse, para mantener sus finanzas sanas. Para evitar sorpresas como la deuda y otros elementos, se creó la Ley de Ingresos, que es el ordenamiento jurídico propuesto por el Poder Ejecutivo y aprobado por el Poder Legislativo que contiene los conceptos bajo los cuales se podrán captar los recursos financieros que permitan cubrir los gastos de la federación durante un ejercicio fiscal, con el objetivo de generar recursos de sus propias fuentes y no de fuentes externas. El gobierno genera recursos a través de los ingresos propios a la actividad del Estado, que son obtenidos tradicionalmente a través de: las contribuciones, los impuestos, los derechos, los ingresos provenientes de la venta de bienes y servicios de los organismos y entidades paraestatales, etc; y los ingresos extraordinarios, que son recursos no propios de la actividad del sector público como: emisión de deuda pública interna y externa (préstamos recibidos y emisión de circulante) y la venta de activos públicos. La promulgación de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, sentó las bases para la elaboración de un presupuesto de ingresos y egresos responsable y acorde a la obtención y gasto de recursos, sin caer en excesos ya sea de ingreso o de gasto, y que sean ejercidos en forma programática para mejor control. Hoy en día pese a los actos de corrupción, la ley de ingresos se ha elaborado de manera adecuada y confiable, enfocada más en los ingresos ordinarios y haciendo poco uso de los extraordinarios, aún y cuando en algunos años se ha tenido un subejercicio, que afecta los proyectos de inversión y los programas sociales; con todo y lo anterior, un presupuesto responsable ha permitido que se tengan finanzas públicas sanas.  Para la obtención de los ingresos del gobierno, desde hace más de cincuenta años el Código Fiscal de la Federación, se ha convertido en una guía clara, ha sufrido modificaciones acordes a los tiempos actuales, pero es una herramienta muy valiosa para los gobiernos que hemos tenido. Es un ordenamiento jurídico que fija los conceptos fiscales más importantes, reglamenta la recaudación fiscal, establece el proceso para la obtención de los ingresos fiscales, la forma para llevar a cabo las resoluciones fiscales, los recursos administrativos, así como el mecanismo para resolver las controversias ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. 

El código fiscal menciona que los principales impuestos para obtener los ingresos públicos, son los siguientes: Impuestos federales (impuesto al valor agregado (IVA)  Impuesto sobre la renta (ISR),  Impuestos sobre depósito en efectivo (IDE) etc.); impuestos estatales (Impuesto sobre la remuneración al trabajo,  impuesto sobre producción y servicio, impuestos municipales, impuestos sobre los ingresos, impuestos sobre el patrimonio); impuestos municipales (impuestos sobre los ingresos, impuestos sobre el patrimonio),  más las contribuciones, derechos, infracciones, multas etc.

Después de las crisis de los 70´s y principios de los 80´s, la población exigió a través de propuestas ciudadanas una mayor responsabilidad y control en el presupuesto del gobierno, por lo que el gobierno en turno se vio obligado a presentar un presupuesto responsable y equilibrado en sus ingresos ordinarios y extraordinarios, se limitó la deuda, y se aprobó una reforma fiscal adecuada, que le permitiera al gobierno captar ingresos suficientes por impuestos, contribuciones y derechos para así poder cumplir con sus programas sociales y proyectos de inversión; se exigió por los diferentes sectores de la sociedad un control más riguroso del uso de la deuda externa, que evitara inflación, devaluación y otros problemas que perjudicaran el poder adquisitivo de la población. Para los años 90´s y hasta la fecha los presupuestos han sido más equilibrados y responsables.

El gobierno es elegido por sus ciudadanos, para satisfacer las demandas sociales, resolver los problemas públicos y satisfacer las necesidades de la población; esto implica requerimientos de amplios recursos, que por lo general la administración pública los obtiene de impuestos y contribuciones, emisión de circulante, venta de activos y a través de la contratación de deuda pública y privada; estos recursos el estado debe distribuirlos correctamente en los programas sociales y proyectos de desarrollo, que cubran perfectamente los satisfactores de la sociedad civil; lo anterior conlleva un esfuerzo administrativo, y el desarrollo de políticas fiscales y monetarias, con un enfoque en una gestión pública eficiente, transparente, honesta y efectiva, que sobre todo promueva la actividad económica, de tal forma que el Estado tenga suficientes opciones para captar recursos de fuentes propias como los impuestos.